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Balance del Gobierno Bonaerense a través del Plan de Control Social del Gasto

Continúa en funcionamiento el Plan de Control Social del Gasto, a través del cual el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa de qué manera invierte los recursos logrados por la vía de la recaudación impositiva.

En el mes de enero del corriente –informó el Gobierno provincial-, en la emisión de la 1ra cuota del impuesto a los automotores, se informó el nivel de gastos incurrido en seguridad, en cada municipio, llegando aproximadamente a 2.553.000 recibos para el pago del impuesto.

Para el mes de febrero fueron emitidos 4.098.000 de recibos para el pago del inmobiliario urbano edificado, más 1.839.000 recibos del urbano baldío, informándose los montos invertidos en educación y asistencialismo alimentario escolar.

Para el mes de marzo, se emitirán 234.000 recibos para el pago del inmobiliario rural, con similar información que los de la planta urbana.

Respecto de los beneficios para los contribuyentes comunes de la provincia, se destaca la posibilidad de emitir estados o informes de deuda y / o cuotas por vencer de los impuestos inmobiliarios y automotores por Internet, en la página del Ministerio de Economía (www.ec.gba.gov.ar)

Destacaron también que fue impulsada para su desarrollo, una modificación a la curricula de la educación general básica y polimodal en la temática tributaria -aprobada por el consejo superior de la Dirección General de Cultura y Educación en diciembre de 2002-, al incorporar el tema educación tributaria como síntoma e indicador de la conciencia y nivel de vida de la población. Tanto desde el nivel nacional a través de la AFIP como de la provincia de Buenos Aires, se impulsa esta incorporación a los programas de estudio como elemento modernizador y de toma de conciencia desde los niños hacia la sociedad. (Canadá demoró dos generaciones de educandos -aproximadamente 30 años- en generalizar la conciencia tributaria, entendido como método organizado de solidaridad pública).

Finalmente, el parte oficial dice que continúan aplicándose procedimientos fiscalizadores e intimaciones centralizadas automáticas a los deudores tributarios de mayor nivel económico, hasta llevarlos a la sede judicial  correspondiente, de manera que sea una realidad el moderno concepto de equidad vertical tributaria.

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