El OTRO LADO

El pasado 9 de octubre, se llevó a cabo la primer Audiencia Pública real, por un emprendimiento urbanístico en las Islas del Delta, donde quedó demostrado, el nivel de impunidad, corrupción y violación a las leyes con que se manejan los funcionarios allí presentes.

Al ingreso

El  Secretario de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental, Sr. Antonio Grandoni, funcionario responsable de la Audiencia, ordenó dejar ingresar solo a los participantes inscriptos y no al Público en general que había ido a presenciar la Audiencia, según nos transmitieron – reja mediante – primero un teniente de la Policía y luego el Arq. Pablo Ricca también funcionario Municipal.  A pesar de haberles leído el artículo del Reglamento de Audiencias Públicas que según la Ord. Municipal 2454/02 habla claramente de la amplia participación pública que debe brindarse, desoyendo la ley, de manera arbitraria y sin motivos o argumentación, prohíben el derecho del público a participar.

Cabe destacar que entre los funcionarios a cargo de la Audiencia había una asesora letrada, la abogada Mónica Neffke, y la Lic. Leticia Villalba Directora de Gestión Ambiental ambas cómplices de la mencionada situación.

Finalmente se logró que dejaran pasar a la prensa y a la escribana que nos acompañaba, la que constató todo lo sucedido. Aunque,  varios Concejales de la Comisión de Medio Ambiente de San Isidro, el Concejal electo Luis Cancelo, ambientalistas, vecinos de Tigre continente y de las Islas, quedaron afuera hasta el término de la Audiencia.

Eso sí, el Sr. Feldman titular del emprendimiento a pesar de no estar inscripto tuvo asegurado su lugar, previo guiño de ojo del Arq. Pablo Ricca.

En el recinto

Luego de dos horas, hubo variadas intervenciones; de cuatro integrantes de la Asamblea Delta y Río de la Plata (éstos inscriptos como vecinos ya que no se nos permitió inscribirnos como Organización y aún así con fuertes restricciones a modo de impedir las inscripciones personales), de La Comisión Diocesana de Medio Ambiente de San Isidro, de La Fundación Pro Tigre, y otros.

Se expuso en general sobre todas las irregularidades que se vienen cometiendo sistemáticamente en materia de urbanizaciones y medio ambiente en Tigre continental e insular; sobre la violación de leyes; sobre la destrucción del Delta como Humedal, con características propias definidas mundialmente las cuales no son tenidas en cuenta por el Municipio; sobre la facilidad con que se les otorgó al emprendimiento en cuestión la evaluación de impacto ambiental, la cual estaba plagada de falsedades y desprolijidades; sobre la incompetencia del Municipio para realizar la evaluación de impacto según Res. 29/09 de OPDS; sobre el llamado a una Audiencia Pública que tiene como objeto poner a consideración de la Comunidad un emprendimiento previo al otorgamiento de la factibilidad, y hacerlo luego de que el mismo ya esté en un 50 % realizado, sobre la nulidad de los actos administrativos y la audiencia misma; sobre los daños gravísimos a presente y futuro que ocasionan los rellenos y endicamientos en los valles de inundación, sobre la riqueza de biodiversidad del Delta, sobre la necesidad imperiosa de un régimen de protección para el Delta de Tigre fuertemente amenazado.

La Fundación Pro Tigre hizo reserva de derecho para iniciar acciones legales por los incumplimientos, también la Comisión Diocesana de San Isidro seguirá muy de cerca los futuros sucesos ya que el municipio debe expedirse.

Tanto los sucesos previos como lo expuesto en la Audiencia fue constatado por la Escribana Boló Bolaños.  

Lo que viene

La forma fraudulenta con que se vienen autorizando emprendimientos, causando estragos ambientales y sociales, el manejo corrupto tomando como ejemplo los emprendimientos Colony Park, nos hace poner aún más en alerta y comenzar un plan de lucha  intenso.

Sobre todo porque el Intendente Sergio Massa anunció que en diciembre presentará en el HCD el  MASTER PLAN para el Delta. El anuncio fue realizado en agosto pasado en el Hotel Hilton de Puerto Madero frente a inversores Inmobiliarios que ven al Delta apetecible para los negocios, esto acompañado de la seguridad jurídica que el intendente les promete.

Preguntamos: ¿donde está la seguridad jurídica que proteja al Delta y sus habitantes?